Se ha desatado una fuerte competencia en materia de populismo inmobiliario entre sectores del gobierno. Empiezan por querer presentar la satisfacción del derecho a la vivienda como el derecho de los que no la tienen, para que otros se la proporcionen a como dé lugar, hoy y ahora. No es así. La sociedad ya paga suficientes impuestos con los que este gobierno tuvo otras prioridades, por ejemplo, la contratación de 70.000 empleados públicos más. En cuanto a la vivienda, las discusiones populistas la presentan como un derecho que si no tiene alcance universal, es solo por falta de leyes que obliguen a ponerlo en práctica. Se trata de algo ridículo, por lo que se ve, pero también es peligroso porque se está ambientando una competencia entre demagogos que consiste en ver quién da más posibilidades de vivienda, sin financiamiento claro está, porque este es un concepto de derecha...
Se plantea, por ejemplo, que el Banco Hipotecario preste plata sin ahorro previo, sin consulta al clearing, cambiando la moneda originalmente planteada y anulando colgamentos. Menos mal que la presidenta del Banco Hipotecario señaló que su banco debe ser solvente, pero dudamos de que su sensatez prime en este caso.
Si el gobierno quiere regalar viviendas para pobres debe proveer su financiamiento, pero jamás entorpecer el proceso inversor que se desarrolla en el sector privado, solo si se asocia a una legítima expectativa de ganancia. Lo demás es pura demagogia, y creer que basta con enunciar un derecho para que todo se ajuste a su puesta en práctica de modo inmediato, una tontería.
Editorial de La Nación.
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