El singular declive de Argentina, pasando de ser un país rico en la víspera de la Primera Guerra Mundial a ser un país subdesarrollado para fines del siglo XX, plantea varias implicaciones normativas para quienes diseñan las políticas públicas y quisieran derivar lecciones de este. Una de las mayores amenazas al desarrollo a largo plazo no es el tipo de régimen político per se, debido a que el crecimiento y los episodios de desarrollo exitosos pueden encontrarse tanto en dictaduras como en democracias.[50] La amenaza clave para el desarrollo a largo plazo emana de la redistribución populista del ingreso y la riqueza.[51]Argentina nunca logró la transición hacia un sistema político de acceso abierto debido a que la transición hacia los pesos y contrapesos en 1912 llevó a la erosión de los derechos de propiedad e incrementó los costos de transacción a través de la redistribución populista. Se puede decir que ese giro decisivo hacia el populismo tuvo grandes implicaciones negativas para el desarrollo a largo plazo, ya que alentó las frecuentes cambios entre la dictadura y la democracia, cambios que se encuentran a la cabeza de las rupturas institucionales.[52]
Segundo, los colapsos institucionales que ocurrieron durante el desvío argentino de una joven democracia en 1912 a una dictadura militar en 1975 surgieron típicamente de la populista toma del poder político por parte de grupos de interés bien organizados. Estos grupos buscaron los colapsos institucionales para relajar las restricciones de jure sobre el poder ejecutivo para satisfacer las demandes a de sus votantes. Las rupturas institucionales pueden ser evitadas fomentando normas culturales sólidas para prevenir la llegada al poder del populismo. Estas normas incluyen la participación política activa y firme basada en un diálogo abierto y en la discusión no elitista de las políticas públicas. Cuando existe una masa crítica de grupos exigiendo cambios institucionales inclusivos, la llegada al poder de proyectos populistas se vuelve costosa para las élites en el poder. Las normas culturales imitan las restricciones ejecutivas informales y pueden ayudar a mejorar la resiliencia del marco institucional de jure y de facto en contra de la amenaza de proyectos populistas. La ausencia de la participación política y la discusión de las políticas públicas típicamente alimenta un vacío de poder, el cual los grupos de interés bien organizados suelen aprovechar para facilitar la llegada de un proyecto populista al poder. Después de la fallida transición a un sistema de pesos y contrapesos de jure y de facto en 1912 a través de la Ley Sáenz Peña, Argentina no contaba con la cultura política ni los fundamentos institucionales de un marco institucional de jure y de facto que sea participativo y amplio. El vacío de poder fue efectivamente explotado por los militares en 1930, lo cual permitió a la clase gobernante tradicional realizar un golpe de Estado. También pavimentó el camino hacia la reemergencia de viejas características coloniales como el irrespeto a la ley y el orden, el militarismo subversivo, y los abusos de poder persistentes. El efecto neto fueron tendencias populistas generalizadas en las élites tradicionales, las cuales distorsionaron los incentivos para la inversión, socavaron la protección de los derechos de propiedad, y mantuvieron los costos de transacción demasiado altos para que Argentina pudiera seguir el ritmo de crecimiento de otros países avanzados. Al final, los ciclos populistas afectaron el potencial de desarrollo a largo plazo de Argentina, pese a la abundancia de factores de producción necesarios para sostener el crecimiento a largo plazo.
Tercero, el favoritismo estatal demostrado a grupos de interés particulares es muy probable que exacerbe conflictos en la sociedad civil,[53] lo que lleva a la polarización política, la cual a su vez aumenta los retornos de los colapsos institucionales para los actores políticos poderosos. En Argentina, el nivel de favoritismo estatal fomentó la búsqueda de rentas de manera generalizada, en vez de la actividad económica productiva y sembró las bases del crecimiento económico lento de la era de la posguerra. Cuando Juan Perón fue derrocado en un golpe militar en 1955, él hizo un pacto secreto con los sindicatos para hacer de Argentina un país ingobernable en su ausencia,[54] pacto que perpetuó la inestabilidad política y fomentó colapsos futuros. Evitar el favoritismo estatal con el objetivo de proveer un campo de juego nivelado es la clave para evitar colapsos institucionales prolongados, los cuales tienen altos costos en el crecimiento y desarrollo a largo plazo.
Y cuarto, el declive argentino a largo plazo pudo ser evitado si la transición a los pesos y contrapesos no hubiera sido contrarrestada por una redistribución populista a gran escala. Es más probable que una redistribución así de ineficiente se de en sociedades con un rápido crecimiento económico, ya que los grupos de interés tienen más que ganar. Proveer acceso amplio a oportunidades políticas y económicas a grupos que no pertenecen a las élites, en igualdad de condiciones, es significativamente menos probable que sirva a los poderos grupos de interés que se aprovecharían de una ruptura institucional. Cuando se determinó nulo el golpe de Estado de 1930, la Corte Suprema ignoró el problema pese una serie de violaciones constitucionales.[55] Preservar y asegurar la independencia de la Corte Suprema de presiones del gobierno y de los grupos de interés es posiblemente uno de las características institucionales más determinantes para abordar los efectos negativos de la presión de los grupos de interés privilegiados por una mayor redistribución, y para preservar las bases institucionales del crecimiento y el desarrollo sostenidos e incluyentes.[56]
Copiado de El ascenso y caída de Argentina.
