Cuando el gobierno argentino o sus empresas quieren emitir deuda accediendo al mercado internacional, el potencial acreedor, para nuestro caso o en el de cualquier país, pregunta: “¿Si llega haber un conflicto con el pago, qué juez resuelve el tema?”. Si la respuesta es “Oyarbide”, la cantidad de acreedores dispuestos a prestar es menor, y la tasa a pagar por ese crédito es mayor.[...]Aún cuando el vicepresidente fuera víctima de un conjunto de casualidades, lo cierto es que la Argentina es un país en donde una barra de amigotes de la infancia, utilizando su nombre, puede apropiarse de una empresa capaz de imprimir moneda, pasando por sobre organismos de control de todo tipo, recibiendo fondos de fuentes desconocidas, negociando con el ente recaudador y con la participación necesaria de parte de la Justicia y del Congreso.En ese contexto, ¿con qué tasa de rentabilidad, con que tipo de garantías y bajo qué jurisdicción, se realiza un proyecto de inversión en la Argentina? En síntesis, un marco institucional que admite los Oyarbide o los Boudou, es muy caro para los argentinos, además de obligarnos a no tener “soberanía”.
Copiado de La Corte de EEUU y el costo 'Oyarbide-Boudou', de Enrique Szewach.
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