El fracaso del centralismo clientelista

Aumentan día tras día las evidencias del fracaso económico y social del centralismo clientelista montado a principios de siglo para repartir arbitrariamente a provincias, municipios y organizaciones sociales rentas extraídas del conjunto del país en magnitudes sin precedente. Las evidencias surgen desde ámbitos tan disímiles como las ocupaciones de tierras en la Capital y el Gran Buenos Aires, los malos resultados de los estudiantes argentinos en las evaluaciones educativas internacionales (PISA 2009) o la vuelta a la concentración de población en el GBA que surge del censo 2010.

No son pocos los que piensan que el sistema perdurará por la ficción que lo envuelve y protege. Aun en las provincias perjudicadas, son muchos los ciudadanos y dirigentes que creen, o quieren creer, que el reparto así montado es una concesión graciosa de la Nación. Que las "transferencias discrecionales" (no mandadas por ley) a provincias y municipios, que este año llegarán a cerca de 35.000 millones de pesos, son un obsequio bien habido y sin cargo.

La verdad es bien distinta, porque el sistema se basa en recursos extraídos a las provincias -a veces ilegal o ilegítimamente- con efectos muy negativos.

(...)

Es de todos modos penoso que ni el Gobierno ni la oposición hayan presentado proyectos de ley al Congreso para dar continuidad al financiamiento preferencial que la educación necesita y fijar nuevas metas a alcanzar e institutos que permitan lograrlo. Hay mayor consenso que en el pasado acerca de lo que hay que hacer para mejorar la Justicia y la calidad educativas. Sobresalen cinco puntos: universalizar el alcance de las políticas de desarrollo infantil y universalización del nivel inicial; doble jornada en primaria y media, empezando por las zonas más necesitadas, y con adquisición de competencias laborales a nivel medio; evaluación censal y no muestral de los aprendizajes al menos cada dos años, para que directivos, docentes, padres y alumnos sepan si su escuela está mejorando o no y para diseñar mejores políticas educativas, escuela por escuela, provincia por provincia; en fin, llegar a un nuevo contrato entre la sociedad y los maestros, que elimine flagrantes excesos y jerarquice definitivamente la profesión.

No son pocos los gobernadores que desearían hacer más de estas cosas, pero los recursos los limitan seriamente. Abundan también alternativas fiscales que permitirían mejorar este sistema, y el político que liderara este cambio sería a la larga un genuino triunfador.

Juan J. Llach en su artículo
El centralismo clientelista fracasó